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Prevención de la emigración ilegal a Europa

Resolución aprobada por el Congreso del PPE, St Julian's (Malta) el 29 y 30 de marzo de 2017

En 2015, más de 1.300.000 personas solicitaron asilo en la Unión Europea, el doble que durante el punto álgido de la crisis de los Balcanes de 1992 (672.000 solicitudes). Según FRONTEX, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la mayoría de los solicitantes llegaron a Europa cruzando ilegalmente las fronteras de la UE. Para parar este flujo incontrolado de emigración ilegal, es necesaria una acción común urgente a nivel de la Unión Europea.

Si queremos salvaguardar el Acuerdo de Schengen, lo que implica abrir las fronteras y la libre circulación de personas por la UE, debemos implantar un sistema de salvaguarda independiente y eficaz para las fronteras externas de la UE y un sistema común europeo de asilo. Debemos poder decidir quién viene a Europa. Esta decisión no debe dejarse en manos de los traficantes.

En los últimos meses se han acometido numerosas iniciativas a nivel europeo. No obstante, estas iniciativas deben reunirse en torno a un enfoque general, incluso deben reforzarse determinadas medidas e implantarse de una manera más eficaz. La disposición de todos los Estados Miembros de la UE para la creación de una gestión común de las fronteras europeas destinada a cerrar las rutas de la emigración ilegal, para la creación de un sistema común europeo de asilo y para permitir el desarrollo de otros países con el objetivo de abordar las causas subyacentes a largo plazo de la emigración irregular, debe ser una de las máximas prioridades políticas.

Las medidas indicadas a continuación deberían formar parte de un plan de acción general para Europa:

1. Prevención de la emigración ilegal

Europa tiene la responsabilidad de ayudar a aquellos que opten por la protección internacional o que necesiten ayuda humanitaria. No obstante, la UE debería prestar ayuda y protección en los propios países en crisis y en sus zonas colindantes. Debería ser la Unión Europea quien, de conformidad con la legislación internacional, decidiera cuántos y quiénes pueden optar por la protección en Europa. El acceso incontrolado de los emigrantes a Europa no es aceptable ya que pone en peligro no solamente la seguridad de los ciudadanos europeos sino también de todo nuestro sistema democrático y social, incluido el Estado de derecho.

2. Protección de nuestras fronteras externas

La decisión sobre quién viene a Europa no debe ser dejada en manos de los traficantes. Sobre la base del conjunto de medidas de la Comisión Europea para la gestión de las fronteras externas de la UE y para la protección de la zona Schengen sin establecer fronteras internas, deberá garantizarse el cierre sistemático de las rutas de emigración ilegal, especialmente en el Mediterráneo, mediante una ampliación del mandato de FRONTEX y de EUNAVFOR MED SOPHIA, así como con nuevas misiones y en colaboración con la OTAN. Para evitar la salida de barcos desde el primer momento posible, deberían mejorarse las patrullas comunes realizadas por los Estados Miembros de la UE y los vecinos mediterráneos. Las fuerzas militares de los Estados Miembros deberían colaborar en asegurar la eficaz protección de las fronteras externas. Deberán adoptarse rápidamente todas las acciones legales necesarias a nivel de la UE. Aquellos que crucen ilegalmente las fronteras de la UE deberían devolverse a los centros de asilo y emigración de terceros países, gestionados por la UE y ACNUR. La UE debería proporcionar apoyo financiero y tecnológico a aquellos países origen de emigrantes regulares que estén dispuestos a colaborar en la política de repatriación, con el objeto de facilitar la creación de empleo en estos países.

3. Creación de un sistema común de asilo en la UE

Un requisito previo para una solución europea viable es la creación de un sistema común de asilo dentro de la UE.

Deberían establecerse centros de asilo y emigración operados por la UE y ACNUR en terceros países con arreglo a las normativas contractuales con los respectivos Estados. En estos centros de asilo y emigración, deberían realizarse los correspondientes procedimientos de asilo de conformidad con las normas europeas.

Paralelamente, los programas de reinserción deberían permitir dejar entrar en los Estados Miembros de la UE a los refugiados con derecho a asilo procedentes de los centros de asilo y emigración, de conformidad con el criterio definido y que considera a las personas especialmente vulnerables.

Los solicitantes de asilo rechazados deberían ser devueltos directamente de los centros de asilo y emigración a sus países de origen o a terceros países seguros, con arreglo a los respectivos acuerdos. En este sentido, deberá intensificarse la conclusión de los acuerdos de readmisión de la UE con todos los países de origen.