La trágica y prevenible crisis en Venezuela continúa empeorando. Desde su llegada al poder en 2013, Nicolás Maduro y el régimen corrupto han arruinado su país y empobrecido a su pueblo a través de su incompetencia y criminalidad. Han ignorado la Constitución de Venezuela, han socavado sus instituciones democráticas y han violado constantemente los derechos humanos básicos. Muchos miles de personas han sido asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad extrajudiciales que operan en nombre del régimen, sin ningún recurso legal para las familias de los asesinados. Muchas más se enfrentan a una intimidación sistemática. Los opositores políticos han sido perseguidos, encarcelados e incluso asesinados. La tortura está muy extendida. Más de 7 millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria; 3,7 millones sufren de desnutrición; el 94 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el 62 % en la pobreza extrema; el 70 % de los niños no están escolarizados. Más de 4,3 millones de venezolanos han huido de su país, y potencialmente millones más huirán en los próximos meses. Muchos han muerto por falta de medicamentos, agua, electricidad y gasolina. El PPE, junto con el Grupo del PPE en el Parlamento Europeo, la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), la Unión Democrática Internacional (IDU) y muchos otros socios, se ha mantenido firme y claramente con el pueblo de Venezuela y la oposición democráticamente legítima al régimen de Maduro. En particular, las resoluciones del PPE del 5 de septiembre de 2017 y del 4 de febrero de 2019 pusieron de relieve los abusos del régimen de Maduro y exigieron el fin de la persecución política y la liberación inmediata de todos los presos políticos. Declaramos que las elecciones presidenciales venezolanas del 20 de mayo de 2018 son democráticamente ilegítimas y en enero de 2019 reconocimos a Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela. Hemos apoyado un proceso que conduzca a elecciones libres y justas lo antes posible. Hemos pedido sanciones específicas de la UE contra el régimen de Maduro siempre que continúe violando las libertades básicas de su pueblo y bloqueando el progreso hacia la restauración de la democracia y el Estado de Derecho. El 16 de julio de 2019, la Comisión Europea y el Consejo Europeo emitieron una declaración en apoyo de la reanudación de las conversaciones facilitadas por Noruega en Barbados y, en última instancia, pidieron elecciones libres y justas, además continuaron diciendo que «en caso de que las negociaciones en curso no produzcan resultados concretos, la UE procederá a la ulterior ampliación de sus medidas selectivas». El 18 de julio de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una nueva resolución, presentada conjuntamente por el Secretario General del PPE, Antonio López-Istúriz, el Vicepresidente del PPE, Antonio Tajani, y otros 14 miembros del Grupo del PPE: «[reiterando] su pleno apoyo al Presidente interino legítimo, Juan Guaidó» y  «[pidiendo] al Consejo que imponga sanciones adicionales a las autoridades estatales de facto responsables de las violaciones de los derechos humanos y de la represión». La resolución establece que «las autoridades de la Unión deben restringir los movimientos de dichas personas e inmovilizar sus activos y sus visados, así como los de sus parientes más cercanos». En agosto de 2019, la delegación de Maduro suspendió su participación en las negociaciones. El 17 de septiembre de 2019, el Grupo del PPE en el Parlamento Europeo se hizo eco de su apoyo a sanciones adicionales a la luz de la participación de mala fe del régimen de Maduro en las conversaciones. El 29 de septiembre de 2019, la UE anunció nuevas sanciones contra siete personas, elevando el número total de altos funcionarios a 25. El PPE reitera su apoyo a estas medidas. Sabemos que Nicolás Maduro ha utilizado durante mucho tiempo las negociaciones con la oposición y con los mediadores internacionales como una táctica de demora. Por este motivo, pedimos a la UE que continúe presionando al régimen, dejando claro que todavía se están preparando sanciones ulteriores contra los responsables políticos que incitan a que el régimen de Maduro suprima las normas democráticas de su país y que se benefician del robo de sus recursos. Deberán imponerse sanciones adicionales si las violaciones de Maduro y las tácticas de demora continúan. El PPE exige que se establezca una estrategia regional para apoyar a los países de América Latina y el Caribe, incluidos los territorios de la UE, especialmente las Antillas Holandesas de Aruba y Curazao, que se enfrentan al éxodo masivo de Venezuela. El PPE exige que Maduro vuelva inmediatamente a las conversaciones para establecer un plan claro, concreto y oportuno para las nuevas elecciones presidenciales. Más que esto, por el bien de su país, debería renunciar a la presidencia en una transición pacífica del poder. No se puede confiar en él para presidir una elección justa, que no sólo debe permanecer libre de interferencias ilegales, sino que también el proceso y resultado debe confiarse tanto a los ciudadanos como a los observadores independientes por igual. El pueblo de Venezuela merece ese esfuerzo y necesita desesperadamente una solución. El PPE los apoya al denunciar a un dictador corrupto y al exigir la restauración de la democracia y del Estado de Derecho en su país. El PPE condena la interferencia extranjera de países como Cuba, China, Turquía y Rusia en apoyo del régimen de Maduro.